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AGENDA ABIERTA

Las Misiones de Mantenimiento de la Paz – Impacto COVID-19

Las misiones de mantenimiento de la paz están estableciendo una serie de medidas de mitigación para seguir ayudando a proteger a las comunidades vulnerables y, al mismo tiempo, promover la seguridad y la salud de todo el personal de las Naciones Unidas y mantener la continuidad de las operaciones. Los organismos humanitarios ya prestan apoyo a más de 100 millones de personas en todo el mundo y están dando gran prioridad a seguir prestando ayuda vital a esas personas, al tiempo que apoyan la respuesta más amplia del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia.

El Departamento de Operaciones de Paz y el Departamento de Apoyo Operacional, incluida la División de Gestión de la Atención Médica y Seguridad y Salud Ocupacional, están revisando cuidadosamente todas las rotaciones de tropas y policías programadas.

Mientras tanto, las misiones de mantenimiento de la paz están implementando una serie de medidas de mitigación para promover la seguridad y la salud de todo el personal de las Naciones Unidas mientras se mantiene la continuidad de las operaciones. El liderazgo está en contacto regular con los países que aportan tropas y fuerzas de policía y trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Apoyo Operacional, la Oficina de Asuntos Militares y la División de Policía para monitorear la situación y asesorar a los gobiernos de acuerdo con los últimos acontecimientos.

Es así que es de vital importancia un relevamiento del estado de situación de las Operaciones de Paz desplegadas en la actualidad.

Situación en Libia

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL), cuyo  mandato  se renovó por última vez el 15 de septiembre de 2020, tiene la tarea principal del Consejo de Seguridad de apoyar un proceso político libio inclusivo y un diálogo económico y de seguridad a través de la mediación y los buenos oficios. Además, la UNSMIL tiene el mandato de realizar un seguimiento y presentación de informes sobre derechos humanos, apoyar a las instituciones y los esfuerzos libios clave para asegurar las armas no controladas, la prestación de servicios esenciales y la prestación de asistencia humanitaria y la coordinación de la asistencia internacional.

Distintos resoluciones del Consejo de Seguridad hacen referencia a la situación como lo son la 2259 (2015), 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018), 2473 (2019), 2486 (2019), 2510 (2020) y 2526 (2020) así como la del año 2021: S/RES/2570, S/RES/2571 y la S/RES/2578, entre otras. Así como la Resolución N° 1970 (2011) y modificada en resoluciones posteriores que exige a todos los Estados Miembros que no intervengan en el conflicto ni adopten medidas que lo exacerban.

Es así que teniendo presente a su vez el informe del Secretario General sobre los progresos realizados en los acuerdos propuestos para la vigilancia del alto el fuego en Libia (S/2021/281), el Consejo de Seguridad aprueba las propuestas del Secretario General sobre la composición y los aspectos operacionales del componente de vigilancia del alto el fuego que figuran en su carta de fecha 7 de abril y, con el objetivo de implementar en su totalidad el acuerdo de alto el fuego de 23 de octubre de 2020, solicita que la UNSMIL preste apoyo a la Comisión Militar Conjunta 5+5 y al mecanismo de vigilancia del alto el fuego dirigido y controlado por los libios (MVAFL), incluso facilitando las medidas de fomento de la confianza y el despliegue escalonado y gradual de observadores del alto el fuego de la UNSMIL una vez que las condiciones lo permitan.

Es importante destacar y reconocer el papel que desempeñan los países vecinos y las organizaciones regionales en apoyo de las Naciones Unidas y expresando preocupación por las repercusiones del conflicto en los países vecinos, incluidas las amenazas derivadas de la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas y el flujo de grupos armados y mercenarios.

Por tal motivo, se exhorta a todas las partes a que colaboren con espíritu de avenencia, se abstengan de toda medida que pueda socavar el proceso político, actúen con moderación, protejan a los civiles y trabajen seriamente en la reconciliación nacional, recordando que no puede haber una solución militar en Libia y reiterando los llamamientos a todas las partes para que se comprometan sin demora a lograr un alto el fuego duradero y entablar un diálogo político bajo la dirección del Enviado Especial del Secretario General.

Situación en Myanmar

El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de una Declaración Presidencial del corriente año, condenó enérgicamente la violencia llevada a cabo en el Estado de Myanmar contra manifestantes pacíficos, en particular contra mujeres, jóvenes y niños. Adicionalmente, expresó profunda preocupación por las restricciones de que son objeto miembros del personal médico, representantes de la sociedad civil, miembros de sindicatos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación, y pide la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria. Por tal motivo, pide a los militares que actúen con la máxima moderación y pone de relieve que está siguiendo de cerca la situación.

El Consejo de Seguridad expresa su continuo apoyo a la transición democrática en Myanmar y recalca la necesidad de mantener las instituciones y los procesos democráticos, abstenerse de recurrir a la violencia, respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y mantener el estado de derecho. Alienta a la búsqueda del diálogo constructivo y la reconciliación de acuerdo con la voluntad y los intereses del pueblo de Myanmar.

De acuerdo con el informe de la Misión de Investigación de los Hechos de las Naciones Unidas en Myanmar (A/HRC/39/64), la Declaración de la Presidencia (S/PRST/2017/22), la misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar (S/PV.8381) y distintas actas de sesión como la S/PV.8133, S/PV.8060 y S/PV.8381 y resoluciones provisorias tal como S/PRST/2017/22 y resoluciones de la Asamblea General A/RES/68/242, A/RES/67/233, A/RES/66/230, A/RES/65/241, A/RES/64/238, A/RES/63/245, entre otras.

Por tal motivo, desde el órgano se exige un acceso humanitario seguro y sin trabas a todas las personas necesitadas, y destaca que la situación actual puede agravar los problemas existentes en el estado de Rakáin y en otras regiones. El Consejo de Seguridad expresa preocupación por que los acontecimientos recientes planteen problemas especialmente graves para el regreso voluntario, seguro, digno y sostenible de los refugiados rohinyás y de los desplazados internos. Es vital que se protejan plenamente los derechos de las minorías. Es necesario que el Consejo asuma su responsabilidad y se aboque a un proceso constructivo, coordinado y consensuado y use todas las herramientas a su disposición en aras de lograr progresos tangibles y una solución sostenible de esta crisis.

Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas

El Consejo de Seguridad establece que su responsabilidad primordial con arreglo a la Carta es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y recuerda que la cooperación con las organizaciones regionales y subregionales en los asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta, puede mejorar la seguridad colectiva.

Las organizaciones regionales y subregionales poseen la capacidad de comprender las causas originarias de los conflictos armados, dado su conocimiento de la región, lo cual puede ayudar en los esfuerzos que realizan para influir en la prevención o solución de esos conflictos. Para ello, es necesario hacer hincapié en la importancia de utilizar las capacidades de que disponen o podrían disponer las organizaciones regionales y subregionales a este respecto, principalmente alentando a los países de la región a dirimir las diferencias de forma pacífica mediante el diálogo, la reconciliación, las consultas, las negociaciones, los buenos oficios, la mediación y la solución judicial de las controversias.

Como base resolutiva se parte de la resolución 1373 (2001), por la que se decidió establecer el Comité contra el Terrorismo y resoluciones de vital importancia como la 

1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1540 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2379 (2017), 2388 (2017), 2396 (2017), 2427 (2018), 2462 (2019), 2532 (2020), entre otras. A su vez se recuerda la Declaración de la Presidencia del órgano S/PRST/2020/1 así como el Acta de sesión S/PV.8716 (2020). 

Es base a lo detallado, se pone en relieve que las sanciones son un instrumento importante, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, para el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso para apoyar, en este caso especifico, la lucha contra el terrorismo. 

Es necesario, a su vez, reafirmar la necesidad de combatir por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas las normas aplicables del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, y destacando a este respecto la importante función que desempeñan las Naciones Unidas en la dirección y coordinación de esta labor.

La situación relativa al Sáhara Occidental

Recordando la resolución 2378 (2017) y la solicitud al Secretario General de que se vele por que los datos relacionados con la eficacia de las operaciones de paz, incluidos los relativos al desempeño de las actividades de mantenimiento de la paz, se empleen para mejorar el análisis y la evaluación de las operaciones de las misiones, sobre la base de parámetros claros y bien definidos, y recordando además la resolución 2436 (2018) y la solicitud al Secretario General de que vele por que las decisiones para reconocer e incentivar el desempeño excepcional y las decisiones relativas al despliegue, las medidas correctivas, la capacitación, la retención de reembolsos y la repatriación del personal uniformado o el despido del personal civil se fundamenten en datos objetivos sobre el desempeño.

De esta forma se reafirma el compromiso del Consejo de Seguridad de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto.

Para esto se recuerdan resoluciones como la 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017), 2414 (2018), 2440 (2018), 2468 (2019) y 2494 (2019).

Por tal motivo se expresa preocupación por las violaciones de los acuerdos vigentes, reiterando la importancia de la plena adhesión a esos compromisos con el fin de mantener el impulso del proceso político del Sáhara Occidental y tomando nota de los compromisos contraídos por el Frente POLISARIO. 

Se destaca los esfuerzos del Secretario General por seguir examinando atentamente todas las operaciones de mantenimiento de la paz, incluida la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y reiterando la necesidad de aplicar un enfoque riguroso y estratégico a los despliegues de mantenimiento de la paz y gestionar eficazmente los recursos. Es de vital importancia reconocer el papel que desempeña la MINURSO sobre el terreno y la necesidad de que cumpla plenamente su mandato, incluida su función de prestar apoyo al nuevo Enviado Personal para encontrar una solución política aceptable para todas las partes.

Es así que se observa con preocupación la situación en el Sáhara Occidental, principalmente por el padecimiento de los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia humanitaria externa, profundizado por la insuficiencia de los fondos destinados a quienes viven en los campamentos de refugiados de Tinduf y los riesgos que conlleva la reducción de la asistencia alimentaria.

Situación en Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina

A pesar del cese de las hostilidades entre los militantes palestinos de Gaza e Israel, en el presente año hemos observado las más intensas que hemos presenciado en años. 

El secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresa preocupación por la reciente ronda de violencia y pide el pleno respeto del alto el fuego para dar espacio a las partes relevantes para que elaboren arreglos para estabilizar la situación.

Las Naciones Unidas han coordinado la prestación de asistencia humanitaria urgente a la población de Gaza, y centrándose en las medidas políticas cruciales necesarias para consolidar el cese de las hostilidades, que se estableció el 21 de mayo. 

Estos acontecimientos recientes han puesto una vez más de manifiesto el costo del conflicto perpetuo y de la pérdida de las esperanzas. Los desafíos en Gaza, así como el conflicto en su conjunto, requieren soluciones políticas. 

El informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 2334 (2016) aborda la evolución de los acontecimientos sobre el terreno en sentido más general y la Asamblea General celebró a su vez llevó a cabo un debate especial sobre la crisis (véase A/75/PV.70). La escalada en la que se han visto sumidas Gaza, la Ribera Occidental, incluida Jerusalén y ciudades de todo Israel, ha provocado un sufrimiento y destrucción atroces y se ha cobrado la vida de demasiados civiles. 

Por otro lado, la situación en el Líbano es alarmante tras las explosiones registradas en Beirut el 4 de agosto de 2020, que causaron un considerable número de bajas y miles de heridos, incluso entre el personal de la FPNUL, y graves daños a infraestructuras comerciales y residenciales, así como a las capacidades de la FPNUL. El Consejo de Seguridad reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano y en la búsqueda de consenso entre los distintos actores para encontrar soluciones frente a la problemática.

Teniendo presente las resoluciones 425 (1978), 426 (1978), 1559 (2004), 1680 (2006), 1773 (2007), 1832 (2008), 1884 (2009), 1937 (2010) y 2004 (2011), 2064 (2012), 2115 (2013), 2172 (2014) y 2236 (2015), 2305 (2016), 2373 (2017), 2433 (2018) y 2485 (2019). Se insta a los Estados Miembros a que presten a las Fuerzas Armadas Libanesas la asistencia necesaria para que puedan realizar sus funciones en consonancia con la resolución 1701 (2006) y teniendo presente el vencimiento de la prórroga del mandato actual de la FPNUL el 31 de agosto de 2021 y teniendo en cuenta la dotación máxima de efectivos y el componente civil de la FPNUL (S/2020/473).

Es así que se destaca la importancia y la necesidad de lograr una paz amplia, justa y duradera en Oriente Medio, tomando como base todas sus resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, 1515 (2003), de 19 de noviembre de 2003, y 1850 (2008), de 16 de diciembre de 2008.

Adicionalmente, la situación en Yemen también es preocupante. Recordando las resoluciones 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2175 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015), 2266 (2016), 2342 (2017), 2402 (2018), 2451 (2018), 2452 (2019), 2481 (2019), 2505 (2020) y 2511 (2020) se expresa el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Yemen y su determinación de apoyar al pueblo del Yemen. Es necesario, para ello, una estrecha colaboración y coordinación entre todas las entidades de las Naciones Unidas que operan en el territorio, como la Oficina del Enviado Especial del Secretario General para el Yemen, la Coordinadora Residente/Coordinadora de Asuntos Humanitarios y el equipo de las Naciones Unidas, la UNMHA y el Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas (UNVIM), a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos existentes para la resolución del conflicto.

A su vez, la Situación en Siria a través de resoluciones como la 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2235 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2332 (2016), 2336 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) y 2449 (2018) estableciendo el compromiso de la ONU con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria, y con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se pone de relieve que más de 11,1 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Siria y que el mecanismo transfronterizo sigue siendo una solución urgente y temporal para atender las necesidades humanitarias de la población, a la que no es posible llegar mediante las operaciones que existen dentro del territorio.

No es necesario destacar que la situación en Oriente Medio es tensa y probablemente lo seguirá siendo, a menos o hasta que se alcance una solución general que abarque todos los aspectos del problema de Oriente Medio.

No proliferación de armas de destrucción masiva

Recordando las resoluciones como la 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 1928 (2010), 1985 (2011), 2050 (2012), 2087 (2013), 2094 (2013), 2141 (2014), 2207 (2015), 2270 (2016), 2276 (2016), 2321 (2016), 2345 (2017), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017), 2407 (2018) y 2464 (2019), así como las declaraciones de su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41) y teniendo presente que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de sus sistemas vectores constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, se insta a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas a que cooperen plenamente con la búsqueda de soluciones pacíficas, concretas y duraderas.

Para tal fin, es de importancia la eficacia de las medidas prácticas adoptadas a nivel nacional para aplicar las resoluciones. Una medida útil a este respecto es que los Estados elaboren planes de acción nacionales de aplicación, algo a lo que se les insta en el párrafo 5 de la resolución 2325 (2016), lo que ayudaría a determinar medidas para subsanar las deficiencias y vulnerabilidades de los reglamentos y marcos de control nacionales, a promover la cooperación interinstitucional y a establecer cuáles son los ámbitos en los que puede ser necesaria la asistencia.

La posibilidad de que se haga uso de armas nucleares ya sea de manera intencional, por accidente o por error de cálculo, es una de las mayores amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Los posibles efectos de una guerra nuclear tendrían un alcance mundial y afectarían a todos los Estados Miembros. Por lo tanto, es totalmente pertinente que el Consejo de Seguridad examine las medidas relacionadas con la prevención de ese resultado catastrófico y, sobre todo, que reflexione sobre la situación del instrumento que tal vez haya desempeñado el papel más importante en esa cuestión. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) ha sido una característica permanente del panorama de la seguridad internacional a lo largo de casi 50 años. El TNP es ampliamente reconocido como la piedra angular del régimen internacional de no proliferación y el fundamento esencial del desarme nuclear. Su papel como pilar de nuestra seguridad colectiva es también un hecho aceptado. 

Es así que hay ciertos elementos que han sido clave para el éxito hasta la fecha del Tratado. En primer lugar, el Tratado incluye obligaciones verificables de no proliferación en forma de salvaguardias sobre las actividades nucleares con fines pacíficos. En segundo lugar, es el único tratado que incluye compromisos jurídicamente vinculantes para lograr el desarme nuclear. En tercer lugar, establece un equilibrio estratégico entre los tres pilares del desarme nuclear, la no proliferación nuclear y el acceso a la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos de una manera que maximice sus beneficios para todos los Estados partes. En cuarto lugar, el hecho de que es casi universal lo dota de una clara autoridad y garantiza una adhesión casi mundial a su marco normativo. 

Hoy debemos volver a confirmar que los beneficios en materia de seguridad que se han derivado de la aplicación del artículo VI —los relacionados con el desarme nuclear— han sido igualmente importantes. Encabezados por los Estados poseedores de armas nucleares, los esfuerzos de los Estados partes para implementar el artículo VI contribuyeron a aliviar las tensiones mundiales, redujeron los conflictos entre las grandes potencias y fomentaron la confianza entre rivales poseedores de armas nucleares. Las reducciones de los arsenales nucleares, los marcos para disminuir el riesgo nuclear y los esfuerzos por impulsar el desarme nuclear multilateral son todas medidas eficaces adoptadas en virtud del artículo VI, y cada una de ellas ha ayudado a crear un entorno propicio para una cooperación internacional más amplia en el enfrentamiento a los diversos desafíos mundiales de nuestro tiempo, desde las cuestiones de la paz y la seguridad hasta los problemas asociados al desarrollo y el cambio climático.

Hay preocupaciones tangibles en cuanto a los desafíos que pesan sobre la temática hoy, pero es necesario asumir la responsabilidad por el futuro y por promover sus objetivos después de 2021.